Humo

No existe ahora. Quizás se haya esfumado en poco tiempo o quizás nunca hubiese existido. La riqueza de estos países tan desarrollados se ha demostrado que es relativa.
El capitalismo se ha criticado desde muchos sectores y no es algo nuevo, ya que siempre ha tenido detractores y defensores, y como unas reglas de juego que son, el sistema capitalista se ha modificado década tras década. Desde la década de los 90 teníamos en Occidente un ultracapitalismo que, entrados en el S XXI, se ha extendido a todas las partes del planeta.
Este ultracapitalismo no es otro que el de la desregulación total de todas las transacciones y el de la especulación extrema. Especulación extrema cuyas consecuencias estamos viviendo ahora.
Se puede especular con el valor de todo: de los tulipanes, del oro, del petróleo, del arroz o de la solvencia soberana de un país. Y como toda especulación tiene el mismo proceso de hinchazón sin sentido y explosión sin cabeza, nos hemos empapado todos de esta supernova especulativa de nuestra deuda soberana.
Europa, Japón y los EE UU en 2011 se destacan por tener los mayores problemas de financiación estatal a pesar de ser los Estados con mayores ingresos –dicen-. ¿Ingresos? La mayor partida de lo ingresado por los países occidentales proviene de los mercados financieros. Los gobiernos (todos los gobiernos de todos los países con independencia de su color político) actuaron irresponsablemente vendiendo en los parqués la deuda soberana de sus ciudadanos hasta unos niveles que superan el 80% ó incluso el 100%, sin reducir en ningún momento el gasto derrochador, incluso reduciendo impuestos y dándole también su trozo de pastel al sector bancario, que más bien se demuestra que ha sido una manzana envenenada.
Si alguien compra un coche a plazos, lo usa, lo paga durante “x” tiempo, y cuando acaba de financiarlo, lo posee totalmente. Esta persona está especulando con sus ingresos, corrientes y constantes, pagando hipotecas, letras y créditos, y haciendo uso de lo que en realidad todavía no es suyo.
Nuestros Estados han hecho lo mismo: han estado haciendo uso con las infraestructuras y servicios sociales de dinero inexistente, con financiación especulativa que iban devolviendo, eso sí, con los impuestos que católicamente pagamos los contribuyentes.
A crecimiento más rápido, más rápidamente se esfuma, tal y como ha pasado en la periferia de Europa. Grecia es un ejemplo de goma elástica estirada al extremo. Y también lo es nuestro país, y también los son todos y cada uno de los países del mal llamado mundo desarrollado.
Humo.
Decíamos al comienzo que esto es ultracapitalismo. Un sistema creado, no de la nada, sino como consecuencia de cada uno de los actos de Gobiernos, empresas y ciudadanos. Ha sido una responsabilidad colectiva que deberemos enmendar. Hablamos de ultracapitalismo como una versión atroz y enferma de un sistema de mercado de economía abierta.
Ha llegado el momento del cambio. Se hará solo y sin prisas. Este actual sistema dará paso a otro no tan especulativo o indirectamente regulado.
Hemos de aflojarnos el cinturón y hemos de pagar lo que no teníamos en aras de mantener nuestros servicios sociales, pero porque nosotros queremos, no porque lo diga la agencia de rating Moody’s.

La Constitución y un pepino

El procedimiento es así por un claro objetivo. No se hace al tuntún.
Nuestro sistema legislativo es el que es por estar en un Estado Democrático de Derecho (en mayúsculas). Es lento, debatible y redebatible, engorroso, burocratizado. Muy leeento. Es un sistema de leyes y se piensan dos veces las normas, ya que sus consecuencias son tremendamente importantes.
La ley del pepino: Un grupo parlamentario decide proponer una ley desde la oposición para defender el pepino español. Se debate si procede hacer esta ley o no. Se vota en una cámara, se vota en otra y se da un paso adelante. Se crean comisiones para investigar cómo proteger al pepino, que si un etiquetado, que si unas multas a quien mancille su nombre. Las comisiones, meses más tardes y tras votaciones, llevan la propuesta al Congreso. El Congreso debate de nuevo. Que si pepino sí, que si pepino no. Pues pepino a veces, porque finalmente se aprueban algunas cláusulas adicionales y se pasa la ley de pepino por… el Senado que lo ha de votar también. En el Senado no gusta la ley del pepino. Pepino no.
La ley vuelve al Congreso y ahí ya sin tocarla más (la ley decimos) se aprueba finalmente la Ley ordinaria de protección del pepino español. Sólo tuvieron que pasar 5 meses y 3 semanas. Es necesario ese tiempo para asegurarnos que asentamos las correctas bases de protección de nuestra noble hortaliza.
En cambio, ahora los partidos mayoritarios, PSOE y PP, deciden reformar la Constitución en cuestión de semanas. ¡De días! Sin ningún tipo de debate previo. O peor aún, habiendo debate pero en la calle y no dentro de la Cámara del Pueblo.
Vamos a cambiar además la Constitución por intereses cortoplacistas para hipotecarnos soberanamente de por vida, y recalco el doble sentido de soberanamente.
Como el Gobierno de Angela Merkel decide en Alemania introducir un artículo en su Carta Magna para que legalmente su Estado no se endeude más, nosotros lo copiamos. Lo copiamos a la desesperada para calmar a los mercados salvajes y lo copiamos a la manera express para poner la guinda a la legislatura a dos meses de las Elecciones Generales.
¿El método? Ha fallado.
¿Las formas? Han fallado.
¿Las razones? Han fallado.
¿Las consecuencias? Simbólicas, pero relevantes. No sirve de nada que se obligue el Estado a no endeudarse porque nuestra firma de los Tratados comunitarios ya nos exigía seguir las pautas marcadas en Maastricht poniendo un techo al déficit y a la deuda.
Es de un gran derrotismo democrático, que nuestra Constitución, fruto de la utopía de una Transición pacífica y esperanzadora de hace 30 años, se vea afectada de forma tan sucia por las circunstancias vigentes de unos inversionistas recelosos.
Primero los servicios públicos. Primero los derechos sociales. Primero el Estado del Bienestar. Después ya veremos cómo nosotros –nosotros somos el poder- seremos capaces de hacer frente a los ciclos económicos.
Podremos recortar, podremos reajustar y podremos replantearnos muchos cambios en nuestro modelo de financiación, pero manchar la Constitución, hasta ahora intocable, para cerrar a cal y canto cualquier manera de intervención keynesiana-estatal para hacer frente a una crisis, dejándonos a la deriva, todavía más, en manos especuladoras, es, ante todo, un error.
Es ante todo el mayor error que se ha cometido en este país desde 1978.

Ha llamado al cero cero patatero

Cuando el barco está en peligro el capitán pide a la tripulación que arrimen el hombro y tiren por la borda los lastres que pueden llevar a la embarcación al hundimiento.
Las empresas también han de sortear las crisis con medidas ahorrativas extremas que en muchos casos llevan implícitos recortes de costes laborales, entre otros. Estos recortes son impopulares y odiados por todo el mundo. Los dichosos EREs o expedientes de regulación de empleo que tanto afectan a grandes empresas, donde un ERE puede implicar la pérdida de miles de puestos de trabajos de la noche a la mañana.
Es una contracción brusca, pero necesaria, reconozcámoslo, para la supervivencia de la empresa. Por este mismo principio lógico de contracción y ahorro, el Estado y la Administración Pública también están sujetos a recortes de salarios y al cese de algunos puestos de trabajos directos e indirectos, pero todo ello en aras de la supervivencia de toda la organización.
Es, como decimos impopular, pero lógico y legítimo. Algo muy distinto es lo que ahora quiere llevar a cabo Telefónica, la multinacional española de telecomunicaciones líder todavía indiscutible, presente en diversos países y con una plantilla en España de más de 28.000 empleados, ha anunciado que recortará en los próximos tres años a un 20% de su plantilla (nótese que colocamos la preposición “a”), todo ello ante su comité de accionistas de los que dependen los fondos del gigante de la telefonía.
En realidad habría que matizar que dependen de estos accionistas, pero también de los propios trabajadores. Nadie como ellos – como estos últimos- conoce la firma, el método, los servicios y productos. Una empresa de telecomunicaciones ha de ser innovadora: eso es una obviedad, pero esta innovación pasa desde luego por la formación constante de los trabajadores para adecuar su mano de obra a las necesidades de los consumidores y clientes.
De nada sirve echar a la calle a los 5.600 trabajadores sobrantes si a corto plazo hay que contratar a nuevos trabajadores y seguir formándolos. Un gasto innecesario que la directiva de la empresa ha obviado.
Quizás sea una demagogia para apaciguar las inquietudes capitalistas del accionariado, como hace nuestro Presidente del Gobierno con los mercados, pero está claro el planning marcado y no es de muy buen ver.
En 2003 cada acción de Telefónica era pagada a 0,25€ y este año asciende a 1,75€, cantidad que esperan mantener los próximos años, pero eso sí, a costa de los recortes laborales.
Este año los beneficios de la empresa fueron máximos a pesar de la crisis: 10.000 millones de euros. Si bien la deuda de la empresa sigue estando por las nubes y el accionariado se compone prácticamente por medianos capitalistas, sigue siendo la peor de las medidas impopulares que se pueden haber tomado.
Telefónica es inmensamente rentable y tiene otra deuda no tangible con la sociedad española que la diferencia del resto de la competencia. Era una empresa estatal de comunicaciones y sus orígenes –difíciles, costosos y asfixiantes para el resto de los mortales- en su caso fueron promovidos por el capital público década tras década. Impuestos de contribuyentes que aún aguardan la rentabilidad social de este servicio público privatizado.
Salen con ventaja y se abanderan de ser la empresa que más invierten en I+D+i de todo el IBEX35. Una especie de marca nacional “i-beric” que no son capaces de hacer un guiño al país que la vio nacer o al país que la creó, de hecho.
Estos 5.600 trabajadores no van a hacer que el paro aumente mucho más o su mantenimiento hará que se reduzca. Es una cifra ridícula en comparación a lo que aporta esta firma al PIB nacional, pero lo que más hay que lamentar es la falta de solidaridad.
Algunos directivos la han criticado como una medida antipatriótica para España. No es cuestión de volvernos defensores de nuestros colores nacionales ni mucho menos, pero habría que recordarles a nuestros amigos de Telefónica que tienen una responsabilidad triple, hacia sus accionistas, hacia sus empleados y hacia la sociedad general.
En tiempos de crisis hemos de apretarnos el cinturón todos y todas, o por lo menos saber comunicarlo para dejar de ser la empresa de telefonía más odiada por los clientes por enésima vez consecutiva.

Por qué deberías cobrar más

Deberías cobrar más por muchos motivos. El primero de todo es porque te lo mereces como profesional. La mayoría de los puestos de trabajo de este país están sub-pagados porque hay un desequilibrio de la oferta y la demanda en la mano de obra.
Deberías cobrar más porque es un derecho. Todos los actores sociales –gobierno, sindicatos y patronal- tienen la obligación moral de satisfacer las necesidades básicas de cada individuo, de cada trabajador.
La Constitución, el Estatuto de los Trabajadores y la Declaración universal de los Derechos del Hombre ratifican que todos tenemos derecho a trabajar y a recibir un salario justo.
Deberías cobrar más porque trabajas más. Hay un coste de tiempo, esfuerzo y rendimiento que no se ve reflejado en la mayoría de los empleos. Una persona desde que sale de casa hasta que llega al trabajo invierte su tiempo gratuitamente hacia el proyecto empresarial de su jefe. El transporte tiene un coste no asumido así como también la dichosa plusvalía, es decir, el tiempo trabajado en horas extra que no se computa en el salario.
Plusvalía es 5 minutos trabajados cada día sin recibir nada a cambio. Es un aumento de la producción a coste 0 (patatero) para el empresario. 5 minutos trabajados gratis cada día es una plusvalía de 3 días al final del año para el jefe.
Deberías cobrar más porque la economía nacional se reactiva. Un empleado con más salario es un consumidor con más poder adquisitivo. Un consumidor con más capacidad de compra es mayor facturación para la empresa. Mayor facturación es expansión y, cerrando el ciclo, es más salario.
Deberías cobrar más porque así el Estado recauda más y los servicios sociales mejoran. El más justo de los impuestos es el impuesto a la renta, que grava las rentas más altas. A mayores rentas, mayores ingresos para fines sociales.
Deberías cobrar más para aliviar la presión fiscal hacia las empresas. Si no es por activa es por pasiva. Si la población no tiene suficientes recursos el estado ha de aumentar los impuestos a las empresas y la actividad empresarial se ve ahogada.
Deberías cobrar más porque las empresas ganan más. La mayoría de las empresas tienen ganancias que se convierten en dividendos hacia la élite de la corporación y no en salarios para la fuerza de trabajo. Es un fallo de la filosofía empresarial de este país que nunca implica al trabajador en el proyecto de la compañía.
Deberías cobrar más porque nos tenemos que igualar al nivel europeo en todos los sentidos, incluida nuestra capacidad adquisitiva.
Deberías cobrar más porque eres capital humano y no coste laboral. Vales mucho. Tienes una formación y una experiencia que aporta un know-how a la empresa único. Este capital humano tiene un coste para el directivo de la empresa. Eso es lógico y nadie lo duda, pero es primero el valor que aporta ese trabajador (el beneficio) y luego viene el coste.
Deberías cobrar más porque los números no cuadran. En este país sólo trabaja el 80% de la fuerza de trabajo, pero seguimos estando en el top 10 mundial de PIB y la riqueza del país sigue siendo una de las más altas, ¿dónde está?
Deberías cobrar más porque los números sí que cuadran. Si trabajas 8 horas al día y multiplicas tu salario x 3 te das cuenta que tú, que tu vida y que tu tiempo vale mucho más.
Puede parecer simplista y demagógico. Puede parecer una visión parcial del mercado laboral… pero no nos engañemos. Algo falla a la hora de calcular el valor del trabajo en este país.

Hasta los 67 y más allá

Clases de ciencia.
Ejemplo 1: Bañera con el agua corriendo no se llena. Se pone un tapón y se llena hasta desbordar.
Ejemplo 2: Frutero con una docena de manzanas, cada día como dos y repongo una. El frutero se quedará vacío.
Ejemplo 3: La esperanza de vida se alarga por los avances médicos y sociales, la población se envejece porque duramos más, pero los nacimientos se reducen. El sistema de pensiones se desequilibra porque hay un trabajador por cada dos jubilados.
España está en la cabeza de los países envejecidos, y de hecho, podríamos empezar a padecer un crecimiento negativo si no fuese por la población inmigrante recién llegada la última década.
Es tan sencillo como un problema de 3º de Primaria. La esperanza de vida se ha alargado estrepitosamente en el mundo, mucho más en los países más avanzados. Ello es debido a todas las mejoras que hemos visto a lo largo del S XX, en todos los terrenos, tanto laboral, alimentario, educacional, científico, social, etc. De hecho, con 80,9 años somos el 5º país del mundo más longevo y el 1º de toda la UE.
El problema es que con una tasa de fertilidad de 1,31 hijos por mujer, no conseguimos llegar a la renovación generacional y el crecimiento vegetativo incluso acabará siendo negativo.
En definitiva, nuestro bienestar que incentiva vivir hasta la eternidad y no tener hijos, económicamente es insostenible. En las próximas décadas se podrá llegar a tener más población jubilada que activa, lo cual es directamente inviable en un sistema social de pensiones.
Para rizar el rizo y agravar la situación, sólo hay que echar un vistazo a la población activa desempleada y a la edad en que los jóvenes de este país acceden a su primer empleo, o dada la economía sumergida y para especificar, a la edad en que éstos comienzan a cotizar, que en definitiva es de lo estamos hablando.
No, no salen las cuentas. Comparando el país en 2010 y 1985 vemos las diferencias, que aunque parezca que fue ayer, créanme, no lo es en absoluto.
En 1985 vivíamos hasta los 73, jubilándonos a los 65 y comenzando a trabajar a los 18. Ergo, 47 años trabajados para el disfrute de 8 años en Torremolinos.
En cambio en 2010 viviremos hasta los 80 (suma y sigue porque cada vez es más común ser centagenario), incorporándonos al mercado laboral a la media de 25 años. Jubilándonos como hasta ahora, habremos cotizado sólo 40 años para el disfrute mínimo de 15 años o más.
Esto es cotizar –y recaudar- un 14% menos que 1985, para el disfrute del doble de años que viven ahora los pensionistas en su período de jubilación y que en las próximas décadas seguirá en riguroso aumento.
Pues lo dicho, las cuentas no salen, y lo peor de todo ha sido la respuesta ciudadana y sindical para un problema que el gobierno prevé a varios años vista. Para una vez que el Ejecutivo toma una decisión para el largo plazo, sale nuestro instinto egoísta e irracional y el “no me gusta trabajar” para protestar con un “hasta los 67 que trabaje tu (pitido) (pitido)”.
Incluso con esta medida el sistema de pensiones sigue peligrando y no todo el mundo tiene un plan de pensiones privado, ya que como trabajadores se nos debe garantizar este beneficio al tener una cotización obligatoria y pública en la Seguridad Social.
En Alemania la jubilación ya es a los 67, en los EE UU a los 66 y en el resto de los países occidentales a los 65, salvo en Francia donde es a los 60.
En España la vamos a tener que subir dos años (hasta los 67) y en la república francesa también, es decir, dos años hasta los 62.
Cuando se nos toca el bolsillo salimos a la calle, siendo 2 millones de personas las que se manifestaron contra esta medida en París, y siendo sólo un par de decenas de miles que protestaron contra las expulsiones masivas de romaníes por parte del gobierno galo una semana antes.
Si esto es la única movilización que pueden convocar las organizaciones sindicales, sociales y de color progre, paren el tren, que yo me bajo.

Laporta, te echábamos de menos

Este Laporta es la leche. Lo hizo. Consiguió utilizar la presidencia del FCB para relanzar su carrera política y fundar una nueva formación dentro del panorama político catalán: Democràcia Catalana (DC).

Además este Laporta no pierde ninguna. Su posición se centrará dentro del independentismo catalán, es decir, en el extremo del espectro.

Sabe de sobra que menos del 15% de la población catalana es independentista (nótese que los nacionalistas catalanes hablan de "autonomía", "autogobierno", "relaciones con el poder central" pero la palabra Independentismo sigue dando urticaria como lo es la palabra España, ya que siempre se habla de Estado Español en los medios catalanes). ¿Entonces cómo animará a que la ciudadanía lo siga? Pues con el discurso demagógico que por excelencia consigue mancillar el nombre de los catalanes con tópicos mal merecidos: la butxaca y una supuesta deuda estatal hacia Cataluña.

Lo primero que hay que hacer es hablar con propiedad. Joan Laporta -el well-known showman de DC- nos dice que hay un déficit entre lo que Cataluña da y lo que Madrid reinvierte. Bueno, déficit no significa esto ni por asomo. ¿Los contribuyentes más adinerados tienen un déficit en sus cuentas tras pagar sus impuestos? Es ridículo e insolidario este argumento.

Es más, hay que hablar claro para no confundir a la población. Madrid y Barcelona son los motores económicos de España y los que atraen prácticamente toda la actividad económica del Estado.

Madrid y Barcelona provincias suman el 25% del total de la población española. A día de hoy, sin embargo, en estas dos zonas se ofrece el 57% del empleo total del país. Es más, si hablamos concretamente de puestos de trabajo a cubrir por personas con formación universitaria, en Madrid y Barcelona están el 65% de las plazas.

Vaya... 2 de cada 3 es muchísimo. Una persona cualquiera, llamémosla José por eso de la originalidad, vive y estudia en Andalucía toda su vida hasta los 25 años. En este tiempo la Junta de Andalucía se hace cargo de su sustento educacional y sanitario, y finalmente José consigue su título de ingeniero.

José finalmente tras moverse y buscar consigue un puesto de trabajo en Barcelona, donde pasa su edad activa pagando católicamente sus impuestos recaudados por el Ajuntament, la Generalitat y la Agencia Tributaria.

Cuando llega a cierta edad y tras padecer los sinsabores de una vida laboriosa decide retirarse y jubilarse en su tierra natal. En este momento José se convierte en un ciudadano de la tercera edad con especial atención por parte, una vez más, de la administración andaluza.

¿A quién le ha salido caro y quién se ha beneficiado de José? Hay cientos de miles de Josés.

Cataluña siempre ha sido tierra de acogida y un lugar abierto en todos los sentidos. La riqueza catalana no viene de ahora, sino que es el proceso de un progreso sin freno gracias a la mano de obra de los trabajadores de otras CC AA -operarios hace décadas y diplomados ahora-, y no hay que olvidar que durante siglos recibió la única inversión del gobierno central del momento (Borbones y Caudillos) que se dirigía a los puntos concretos del país que se querían activar (Barcelona, Madrid y las Vascongadas).

Sí que existe, por consiguiente, una deuda histórica por parte del gobierno central para el resto de las CC AA.

Es por ello que con la España democrática se institucionaliza la Solidaridad entre los distintos territorios. La riqueza se crea en Barcelona, y con esa riqueza hay que reajustar las zonas menos desarrolladas, sean la Lleida rural, Extremadura u Honduras, porque los motores económicos se ubican en puntos concretos de la geografía, y si no hay barreras para que fluya el capital humano cuando se necesita, tampoco lo tendría que haber para los beneficios acumulados que se tengan que redistribuir.

Cataluña también se ha beneficiado de obras faraónicas financiadas con los fondos europeos de Cohesión. Estos fondos se dan a España por el peso que tienen las CC AA menos ricas con respecto a la media comunitaria. Cataluña sola no podría nunca haber recibido estos fondos por sí misma.

Laporta quizás no cuenta lo caro que es ser un estado soberano e independiente. Hay gastos diplomáticos, militares, de seguridad, logísticos y administrativos que hacen que ser libre no sea tan bonito y barato como se creería a priori, y que ahora Madrid administra y no la Generalitat.

Laporta, amigo mío, en un supuesto de vivir en una Cataluña libre dentro de la UE, también se tendría que arrimar el hombro en aras de atajar la diferencia económica para las CC AA menos avanzadas y otras regiones europeas del Este de Europa. Ser independientes implica también seguir siendo responsables.

Y lo que DC tampoco piensa es que una independencia catalana implicaría una huída de empresas extranjeras que gestionan Iberia o España domiciliadas en la ciudad condal hacia la capital española.

Pérdidas y más pérdidas.

Las posiciones extremas son respetables, pero como extremas que son, en muchos casos pecan de infantiles e irresponsables.

Cataluña tiene que mirar hacia adelante, preocuparse por su futuro, luchar por lo que le es propio, por lo que le pertenece como pueblo y como nación, pero con un discurso democrático y realista.

Laporta, esto es como el Barça y para ganar, antes tienes que crear equipo.

Tócame el programa pero no el organigrama

Cuando una medida se aprueba con tan sólo un voto de diferencia se dice que se salva por los pelos. Así acaba de ser el tijeretazo social recién aprobado en el Congreso de los Diputados.

En esta ocasión el gobierno de Zapatero se ha quedado completamente solo ante la cámara para la aprobación de su proyecto de reducción de déficit. Nunca antes el actual gobierno estuvo tan erosionado como esta vez, donde -ahora sí- se ve el desgaste continuado de la crisis.

Es normal que un gobierno que no sólo tiene que sobrevivir a la crisis, sino también a la oposición, tenga que pensar pormenorizadamente cada paso que da en el difícil manejo de una catástrofe económica tan calamitosa como está viviendo todo el planeta y, especialmente, Europa.

A las duras y a las maduras. Así fue el trato firmado con las Comunidades Europeas por España hace tres décadas. Un matrimonio diplomático y económico sin posibilidad de divorcio. En este caso entonces más que un matrimonio se debería concebir como una hipoteca inmobiliaria, pero para el caso, el concepto es el mismo. España se ha beneficiado durante años de los fondos de cohesión y otros programas de desarrollo comunitario, en paralelo mientras que se avanzaba en la integración monetaria y económica, consiguiendo que nuestro país alcanzase una cuota de bienestar inimaginable hasta hace relativamente poco tiempo.

Ahora la cosa ha cambiado y hay una crisis en la familia que nos afecta a todos y nos urgen a hacer cambios.

El déficit tiene que ser menor del 3%. Un compromiso que firmamos todos en Maastricht en 1992 y que sería la guía de ruta para crear la Eurozona. Hoy -repito, en crisis- el déficit se ha disparado en todos los países de la UE. Lógico, a más gasto social y menos recaudación es lo que tenemos.

La deuda no es el déficit. La deuda reflejaría de alguna manera la solvencia de un país. A menor solvencia más necesidad de endeudarse. En este caso, España tiene una baja deuda (y una alta solvencia hasta ahora) frente al resto de los grandes europeos como Alemania, Francia o Italia con una dueda muy alta (y una necesidad de financiarse que te cagas).

Voilà el problema. Si con los impuestos no llegas a cubrir tus gastos públicos acude a la Bolsa y emite deuda. Error (!) Así se delega directamente a los inversores internacionales la posibilidad de éxito o fracaso en la solución a la crisis actual. No es que dé miedo, lo que da es pena ver cómo los gobernantes hacen sus políticas acorde con la respuesta de los parqués bursátiles.

Si tenemos en cuenta que las bolsas son incontrolables, volátiles y son el reflejo de la euforia y la histeria de inversores, hace que nuestra economía europea (y también mundial) aunque parezca fuerte es tan frágil como el cuerpo del acróbata que cae a la arena sin red.

Es por ello que nuestro gobierno tiene que hacer lo que hace. No es sólo reducir nuestro déficit, es dar confianza a los mercados para que nuestros vecinos europeos se puedan financiar.

Sarkozy, Merkel, Berlusconi -y Cameron ahora- tienen un poder político de peso en la UE. Un poder político que aboga por los tijeretazos en su casa y en la de sus vecinos.

Zapatero apenas tiene capacidad de maniobra. Recordad "en lo bueno y en lo malo, en la salud y en la enfermedad".

Ya puestos, ¿y si quitase los ministerios de Vivienda, Igualdad o Cultura como pedía el PP? Entonces ya se perdería por completo el origen social del programa del PSOE y se reconocería que sus tareas son y eran hasta el momento innecesarias.

Cada quien seguirá en su sitio, viendo hacia dónde desemboca la crisis y el Gobierno central constantemente plasmará en sus funciones ejecutivas las decisiones que tome Europa. Tal y como haría un posible Gobierno de Rajoy, aunque ellos nunca lo reconozcan.

El orgullo no-solidario

A todos los países avanzados se les recomienda por las instituciones internacionales que aporten un 0,7% de su PIB en ayuda para el desarrollo al tercer mundo. Únicamente Dinamarca, Luxemburgo, Suecia y los Países Bajos son los que ayudan a sufragar este gasto y siguen disfrutando de su 99,3%.
Excusas es lo que se oye en el resto de gobiernos, como el nuestro, que aunque haya aumentado en la anterior legislatura el gasto solidario sigue siendo una asignatura pendiente.
Excusas es no llegar al ínfimo 0,7% y excusas es no apoyar como ciudadanos a las ONGs, e ir más allá, criticando el trabajo del tercer sector sin tener ni idea de su labor, para lavar la conciencia de cada uno con un “yo apoyaría a las ONGs pero no me fío”. Excusas para tener la conciencia tranquila porque ser solidario es lo objetivamente correcto. No nos equivoquemos, hay gente insolidaria y no por ello hay que ser mentirosos. Si uno es no-solidario que lo manifieste abiertamente. “Tengo 10 euros mensuales de sobra que no quiero compartir con proyectos sociales de ONGs” y ya está, pero no es necesario faltar al respeto de los profesionales que trabajan para el tercer sector.
El trabajo de las organizaciones no gubernamentales es imprescindible hoy en día y su origen muestra una vez más que el ser humano no es tan ruin como a veces se nos pinta. El trabajo es fundamental porque van allá a donde el Estado no llega.
Nacieron con la Cruz Roja en el S XIX y tuvieron el reconocimiento oficial como intermediarios en 1945 con la fundación de la ONU. Están aquí porque el ser humano ya no puede vivir de espaldas a las catástrofes humanitarias y porque hay algunos individuos que sí que son solidarios y quieren compartir una pequeña parte de su riqueza en aras de mejorar el mundo del que forman parte.
Desde entonces hay que darles las gracias por todo su trabajo. Son las ONGs las responsables que ahora tú sepas que las ballenas están en peligro de extinción, que en Irán lapidan a una mujer adúltera sin juicio, que en El Salvador hay niños que trabajan de esclavos, que en África el sida no deja de extenderse o que en tu barrio hay jóvenes con síndrome de Down que tienen más limitaciones que el resto de la población.
Y más allá de esta labor informativa inciden en los gobiernos nacionales y hacen una labor de campo directa. No caen sus proyectos en saco roto: sí que salvan ballenas, salvan mujeres de la lapidación, llevan a niños a la escuela, reparten condones y forman a jóvenes discapacitados, entre otras muchas funciones.
Las ONGs no sólo dan pan a los pobres. Sus actividades son de lo más diverso: las hay religiosas y laicas, que trabajan en España y que trabajan en países subdesarrollados, hay organizaciones a favor de los derechos humanos, otras por la lucha medioambiental, y otras ayudan al desarrollo social de aquellos países con los que tenemos una deuda pendiente desde que les quitamos las riquezas al tercer mundo colonizado.
De todo el dinero que el socio aporta a la ONG, ciertamente hay que contar con los gastos administrativos, informativos y profesionales. No viven del aire: tienen una estructura y tienen que pagar a médicos, abogados o ingenieros que trabajan de los dos lados del charco.
Con sólo subvenciones no sobrevivirían, así que dependen de un alto porcentaje de población solidaria que vivimos en el primer mundo.
Las ONGs son auditadas constantemente por organismos independientes y la transparencia se demuestra mensualmente a los socios por un lado y al Estado por otro. Son más fiables que la administración pública y las empresas privadas, y no por ello la gente deja de pagar impuestos, ni de consumir bienes materiales para enriquecer el bolsillo de unos cuantos.
Ahora bien, y como decíamos antes, no hay que ser solidarios obligatoriamente. Nuestro gobierno sí que tiene que serlo, pero no nosotros. Es una virtud que sólo tienen algunos ciudadanos que deciden aportar una cantidad prácticamente ridícula a proyectos sociales y estar informados de su seguimiento.
Si colaboras con ONGs, de 1 euro que ganas, compartes 1 céntimo con los que sí que lo necesitan. O lo que es lo mismo, 6 cafés ó 2 copas ó 4 cañas. Es decir, una cantidad que todo españolito se puede permitir. Eso sí, si es solidario.

A pagar cristianamente

La normativa que regula el régimen fiscal de los impatriados es fabulosa, y como tal, recibe coloquialmente el nombre de Ley Beckham.
Dicha ley busca atraer a trabajadores profesionales de élite con un incentivo fiscal. Se supone que está pensada para que artistas, científicos y como no, deportistas puedan desarrollarse laboralmente en España.
Lo curioso es que tan sólo se les incentiva a permanecer como residentes, ya que los nacionales tributan (pagan) más, y sólo se aplica durante seis años. Así pues estos científicos, artistas y deportistas estarán en España de paso.
Los grandes beneficiados son los futbolistas (he ahí el apodo de esta ley) amasando de tal manera grandes fortunas. Mediante este parámetro, estos grandes futbolistas de élite en vez de pagar sus honrados impuestos al tipo más alto, que es lo que les correspondería, lo hacen tan sólo al 24%, que como muchos currantes sabrán, es bajísimo (hey, ¿este incentivo no choca contra la progresividad de nuestro sistema fiscal?).
En tiempos de crisis, aún así, toca seriedad y medidas estrictas. Ahora tienen que pagar más los empresarios, los trabajadores y los consumidores… francamente, los futbolistas no podían ser menos.
El Gobierno con apoyo de algunos grupos han decido frenar esta sangría, y como no, ahora estos deportistas de élite protestan (mejor dicho: protestan sus gorilas) y es que hay voces que llaman a la huelga y a la paralización de la liga de fútbol profesional (LFP) por esta ley tan rocambolescamente injusta. ¡Por Dios!
Veamos, ahora los deportistas de la LFP tributarán ante el mismo rango que el resto de los ciudadanos (qué injusto), lo que equivaldría en el caso de los grandes nuevos ricos del fútbol al 43% (¡qué injusto!) como ocurre con el resto de los grandes viejos ricos españoles (quítenme los ojos, que no puedo ver tanta injusticia!)
Sigamos: vamos a ver lo injusto que es este nuevo sistema fiscal en tres de los más pagados jugadores extranjeros de la LFP. Cristiano Ronaldo gana anualmente 12,3 millones de euros sólo jugando en el Real Madrid, Ibrahimovic gana 9 y Messi 8,4 en el Barça. Con el nuevo sistema pasaría, por ejemplo nuestro estelar portugués a cotizar 5,2 millones en lugar de 2,9.
Y si hacemos una comparativa más profunda nos podemos dar cuenta de lo que sí que es injusto de verdad.
Una vez cobrado por Hacienda, y aún impartiendo el que sería nuevo sistema, sólo los tres jugadores -Cristiano, Ibrahimovic y Messi- sumarían 16,9 millones de euros netos.
Lo que nadie se puede imaginar es que dicha cantidad equivale, por ejemplo, al 5,4% del PIB de Guinea Bissau o al 20,2% de Sao Tomé y Príncipe.
Sí, esto es injusto, pero seguimos analizando. Si a los 7 millones de euros anuales netos (no brutos: netos) que tiene Cristiano con el Real Madrid, le sumamos, lo que se calcula que son ingresos de 13 millones en publicidad, tendría 20 millones de euros (casi 30 millones de dólares). Tanto dinero, seguiría equivaliendo a la renta anual media de 10.950 nicaragüenses.
¿Injusto? Pues para rizar el rizo, Nicaragua tiene 5,4 millones de habitantes. Nicaragua equivale económicamente a 500 Cristiano Ronaldo’s.
Todo ello contando con que se aplique tan sólo (y machacamos: tan sólo) el nuevo 43% que quiere aplicar el gobierno.
A estos jugadores no supone una tragedia para sus bolsillos. A los clubes, tampoco.
Y desde luego, permítanme jactarme un poco con lo irónico de la ley Beckham: tampoco supondría un varapalo para la ciencia y el arte, que sí que necesitan fondos públicos, y que nunca deberían haber entrado en el mismo saco que los lucrativos, endeudados y una vez más, fabulosos clubes de fútbol.

Financiación para todos

La financiación autonómica trae tela. No a todo el mundo le gusta el resultado y mucho menos dadas las formas. Pero para que la gente no se alarme, o se alarme a gusto, habría que explicar muy bien qué ha pasado, que está pasando y qué ocurrirá, en un lenguaje claro y limpio de demagogias.
Como prueba, la verdad #1, ¿por qué las comunidades socialistas la apoyan y las populares la critican si no todas se ven beneficiadas de igual manera que en el ejercicio y el modelo anterior?
El resultado, sin embargo, es el esperado: no se ha podido dar el paso adelante hasta el desbloqueo catalán (verdad #2, el tripartito está formado por tres partidos y ninguno es el PSOE, el PSC es un partido independiente pero asociado que siempre ha marcado las distancias en este tema).
Para entender, aún así, la nueva financiación hay que pensar que ésta se divide en tres partidas:
La primera es el Fondo de Garantías de Servicios Públicos Fundamentales, llamémosle, “Servicios públicos”. Los servicios públicos representan el 80% del total de la financiación y es la piedra angular del nuevo sistema de financiación; en primer lugar por su cuantía (4/5 del total!!) y por otro por su naturaleza solidaria (este modelo es más solidario que el anterior y aquí entra el color político del Gobierno actual, esto es, verdad #3).
Los servicios públicos son los que todos entendemos sencillamente por “servicios públicos”, es decir, educación, salud, ayudas sociales… y ¿cómo se ha repartido este famoso 80% del total del dinero que irá a parar a todas las autonomías? Pues atendiendo a criterios tales como crecimiento de la población (ojito lo que ha crecido España en algunas zonas), grupos de edad de especial atención, tales como jubilados, niños de menos de cuatro años, jóvenes en edad escolar, que por cierto, hasta ahora no se tenían en cuenta. Y en términos geográficos ahora se le presta mayor atención a la superficie (pura lógica, de a más km2 que gestionar más dinero se necesita), dispersión (por favor, vean cómo es el rural gallego) y a la insularidad (¿Qué no? Vive tú en una isla y ya verás que no es todo sol).
Por lo tanto estos criterios objetivizan el reparto del fondo a servicios públicos para que cada comunidad reciba según las necesidades concretas de su población. (antes también se repartía con criterios similares, pero todo el mundo sabía que tenían que actualizarse para hacerlos más justos: verdad #4)
Este 80% para servicios públicos deviene de un 75% de impuestos cedidos a las propias comunidades autónomas y un 5% lo da el Gobierno central. Es aquí dónde es solidario (bonita idea) en que todas las comunidades financian la financiación, valga la redundancia.
Aparte de esta primera partida, hay una segunda partida que se conoce como Fondo de Suficiencia Global, o entre amigos, “Suficiencia”. La Suficiencia representa el 16,5% de toda la financiación y no es tan solidaria como la pintan (verdad #5) aunque no por ello menos justo… Aquí cada uno barre para casa. Si los servicios públicos son para “personas” que viven en Comunidades Autónomas, la suficiencia es para las Comunidades. Este dinero es para aquellas que tienen más competencias transferidas y que por lo tanto necesitan más fondos para llevar a cabo su trabajo. Vendría a ser metafóricamente el dinero que le dan los padres al hijo que quiere irse de casa a una edad temprana, que es mucho más que el que reciben el resto de hermanos que no han salido del seno familiar.
Para rizar el rizo hay una tercera partida que se llama Fondo de Convergencia Autonómica, tan sólo sería el 3,5% restante del total de la financiación y vendría a ser el dinero necesario para rellenar el fondo de cooperación y de competitividad entre las Comunidades. Y siguiendo con metáforas es igual que cuando un comensal entre amigos rellana con una jarra los vasos y decide soltar el último chorro al que cree que ha recibido menos (unas cuantas gotas que limpian nuestra conciencia).
Este ínfimo 3,5% de la tercera partida de Convergencia premia a las Comunidades con una menor renta per cápita (ahí la cooperación) y a aquellas otras que tienen una menor financiación per cápita (y aquí la competitividad). A lo que íbamos, acabar de rellenar la jarra o la botella entre los amigos.
El Gobierno central de las tres partidas nos quiere vender la primera y la tercera, ya que son las partidas más utópicas, sociales o solidarias. La segunda es más pragmática o utilitarista, no por ello menos necesaria y apenas hablarán de ella desde el Gobierno (verdad #6).
Ahora hay gustos para todos y habrá gente que crea que Cataluña no se merece tanto dinero cuando al fin y al cabo, tiene un gran número de habitantes y la Generalitat tiene más competencias costosas que otras comunidades. Habrá gente que se queje de que Murcia no reciba tanto, cuando ha sido una de las comunidades que creció también más, pero no sólo en población, sino económicamente, y su población es más urbana, concentrada y tiene menos competencias. Otros no entenderán que Asturias recibe más dinero per cápita Madrid, pero es una comunidad envejecida y con población dispersa. Que Baleares sean unas islas, pero ricas. Que Extremadura necesite fondos y Valencia no tantos… Así todas.
¿Todas? No, ya que Navarra y el País Vasco son comunidades forales excluidas de la financiación general y cuentan con un sistema propio, basado en el concierto. Esto sí que es el punto injusto que desgraciadamente no entra en el debate porque “siempre ha sido así”. Tururú: es ilógico, reaccionario, insolidario, ineficiente y antidemocrático que por motivos de derechos reales históricos, las dos comunidades más ricas del país estén ajenas al sistema de financiación del resto del Estado (verdad #7).