Valor Soria

Llega el otoño y con la campaña prenavideña, viene la campaña electoral. EE UU, Catalunya, Brasil y otros muchos lugares. Ya se sabe… atemos cabos antes del final del año.
Cada país tiene su propio sistema, con sus pros y sus contras, porque no se ha creado todavía un sistema electoral perfecto, pero dentro de la imperfección hay mejoras que se pueden hacer si se quiere, aunque estas mejoras no siempre son deseadas por el Gobierno de turno.
Nuestro sistema electoral español, que también es el reflejo para los sistemas electorales autonómicos, tiene una serie de imperfecciones que no son, desde luego, gratuitas.
Utilizamos una fórmula de reparto, la fórmula d’Hondt, que beneficia a los partidos mayoritarios, pero como es proporcional, no perjudica a los minoritarios. El problema de nuestro sistema, por lo tanto, no es el reparto de escaños en una circunscripción, sino que en España utilizamos la diminuta y desigual provincia como circunscripción donde escogemos a nuestros diputados.
Veamos: en España tenemos 50 provincias y 2 ciudades autónomas. Como decimos, por cada provincia repartimos un número “x” de escaños. ¿Son justos los números asignados de escaños en las distintas provincias? ¡Ni de escoña!
Las provincias más pobladas tienen más escaños, pero no son los suficientes con respecto a aquellas otras más despobladas. Ejemplo: Madrid tiene 35 escaños, Barcelona 31. En cambio, Soria tiene 2.
Si Soria (95.000 habitantes) fuese el reflejo para asignar los escaños de Madrid (6.400.000 habitantes), la capital española pasaría de los actuales 35 a 134 escaños. Casi nada.
Soria, Teruel, Segovia, Palencia, y la mayoría de las provincias más despobladas están sobrerrepresentadas con escaños frente a las provincias más urbanas.
Retomemos el caso soriano. Esta es la provincia donde el voto tiene más peso. Un escaño se conseguiría con tan sólo 47.000 votos (frente a los 182.000 votos necesarios para un escaño madrileño). Entonces, podemos hablar del valor Soria, que es el peso que tiene esta provincia electoralmente.
Soria equivale a 1 Soria. Teruel equivale a 1,03 Sorias. Albacete equivale a 2,11 Sorias. Pontevedra a 2,88. Vizcaya a 3,03. Barcelona a 3,72 ó Madrid a 3,84 Sorias.
No es justo y no es justo por el argumento que dan los creadores del sistema. Sencillamente, nos explicaron, es que estas provincias no urbanas tienen un déficit de estructuras y de servicios y darles más peso político es un guiño justiciero.
No es de extrañar que el sistema hecho en la década de los 70’s fuese creado por UCD y que el centro derecha de UCD hubiese cosechado siempre más votos en las zonas rurales, frente a los cinturones industriales urbanos que solían votar a los partidos más de izquierda.
El sistema se debería modificar y tendríamos que desechar la circunscripción provincial como reseña posfranquista y utilizar una circunscripción nacional, estatal y única. O sino que se lo digan a IU o a UPyD, que aunque sean votados en todas las provincias únicamente cuentan los votos de la –ya de por sí- infravalorada provincia de Madrid.
Democratizar el voto y rizar el rizo. Únicamente de esa manera conseguiremos que el sufragio tenga el mismo poder, y el ciudadano la misma voz sea éste de una parroquia campestre de Soria o de un edificio de colmenas del extrarradio.

Asociaciones necias, oídos sordos

El asociacionismo es una nueva forma de acción política y ciudadana en un escenario como el actual, en el cual hay una multitud de actores con deseos de influir en la toma de decisiones gubernamentales y en la activación de movilizaciones civiles. Son lobbies y grupos de presión que más que ningunear el sistema democrático son un avance, un paso firme para su fortalecimiento.
Los movimientos sociales y asociaciones dotan de mayor legitimidad lo que ya es a día de hoy una red de poder, en la que cualquiera de nosotros puede por fin participar de forma activa o pasiva.
De forma activa es colaborando; de forma pasiva es dejando pasar… Y no siempre hay que dejar pasar. Los movimientos más radicales, por naturaleza, no son constructivos, no crean debate sino provocación, son destructivos con la democracia y el sistema creado y acordado entre todos los ciudadanos.
Sin ánimo de negarles la voz, lo cual es un derecho irremplazable y digno, hay que alzar la mano y embestir un alto a sus derivas radicales, violentas, y por qué no decirlo, “necias”.
No es cuestión de caer en el insulto fácil, pero algunas de las acciones con más eco de los extremistas son necedades que hieren la inteligencia del resto de los ciudadanos.
Y al hablar de extremos, nos referimos a todos los extremos, de arriba abajo, de izquierda a derecha. Todos.
Por ejemplo, en un extremo tenemos el caso de los pro-taurinos con todos y cada uno de sus argumentos naïf que no tienen ningún sentido y –como decíamos- hieren la inteligencia. La última joya, ante la prohibición de las corridas en Cataluña, es que quieren llevar al TC la constitucionalidad de esta norma. Señores de la derecha, si no le gustan las decisiones del pueblo, por favor aguántense, pero el TC no es ningún basurero de frustraciones neocon. Les explico que la Constitución recoge el derecho de disfrutar del medio ambiente y la obligación de respetarlo, y añadimos, con toda su fauna y toda su flora nacional. Las CC AA tienen competencia para legislar sobre el trato a los animales, así que ya saben lo que dirá educadamente el TC: Tururú (¡)
Peor todavía son las asociaciones identitarias radicales, mayoritariamente de jóvenes, que perdieron el norte de lo que en su época sí era una lucha democrática y constructiva.
Son grupos minoritarios de extrema izquierda independentista, que recorren las calles de Santiago de Compostela, Donosti o Barcelona y cuyo ruido ensordece la voz de lo que sí que podría ser una lucha justa.
¿Cómo se puede tener la sangre fría y la falta de tacto, de comparar cualquiera de estas CC AA con Palestina, Sáhara Occidental y recientemente Kosovo? ¿nos hemos vuelto locos o qué? En fin, ¿acaso hay refugiados catalanes hacinados en tiendas de campaña al otro lado de los Pirineos?, ¿ha bombardeado Madrid a la ciudad condal con bombas de racimo? ¿hay alguna limpieza étnica contra los euskaldunes?
Cualquier comparación al respeto, aunque se enmascare de solidaridad antirrepresiva, es únicamente una forma de tergiversar la verdad y burlarse de las auténticas víctimas.
Necio también es apoyar a colaboradores de ETA en nombre de la independencia catalana y en contra del Estado español, hablar de lucha y resistencia contra concejales electos democráticamente, hablar de amnistía a presos políticos en un país como el nuestro, todo ello es una vez más, no sólo necio, sino un acto de irresponsabilidad, camorrista y mercenario. Como igual de irresponsable, camorrista, mercenario y necio es ser una auxiliar admininstrativa del Ajuntament de Terrassa, beneficiarse del cargo para entrar en los archivos de la DGT, facilitar una matrícula de un concejal del PP, dársela a ETA, y que ésta le ponga una bomba-lapa para acabar con su vida.
Para asociaciones necias, ya se sabe: oídos sordos…

Laporta, te echábamos de menos

Este Laporta es la leche. Lo hizo. Consiguió utilizar la presidencia del FCB para relanzar su carrera política y fundar una nueva formación dentro del panorama político catalán: Democràcia Catalana (DC).

Además este Laporta no pierde ninguna. Su posición se centrará dentro del independentismo catalán, es decir, en el extremo del espectro.

Sabe de sobra que menos del 15% de la población catalana es independentista (nótese que los nacionalistas catalanes hablan de "autonomía", "autogobierno", "relaciones con el poder central" pero la palabra Independentismo sigue dando urticaria como lo es la palabra España, ya que siempre se habla de Estado Español en los medios catalanes). ¿Entonces cómo animará a que la ciudadanía lo siga? Pues con el discurso demagógico que por excelencia consigue mancillar el nombre de los catalanes con tópicos mal merecidos: la butxaca y una supuesta deuda estatal hacia Cataluña.

Lo primero que hay que hacer es hablar con propiedad. Joan Laporta -el well-known showman de DC- nos dice que hay un déficit entre lo que Cataluña da y lo que Madrid reinvierte. Bueno, déficit no significa esto ni por asomo. ¿Los contribuyentes más adinerados tienen un déficit en sus cuentas tras pagar sus impuestos? Es ridículo e insolidario este argumento.

Es más, hay que hablar claro para no confundir a la población. Madrid y Barcelona son los motores económicos de España y los que atraen prácticamente toda la actividad económica del Estado.

Madrid y Barcelona provincias suman el 25% del total de la población española. A día de hoy, sin embargo, en estas dos zonas se ofrece el 57% del empleo total del país. Es más, si hablamos concretamente de puestos de trabajo a cubrir por personas con formación universitaria, en Madrid y Barcelona están el 65% de las plazas.

Vaya... 2 de cada 3 es muchísimo. Una persona cualquiera, llamémosla José por eso de la originalidad, vive y estudia en Andalucía toda su vida hasta los 25 años. En este tiempo la Junta de Andalucía se hace cargo de su sustento educacional y sanitario, y finalmente José consigue su título de ingeniero.

José finalmente tras moverse y buscar consigue un puesto de trabajo en Barcelona, donde pasa su edad activa pagando católicamente sus impuestos recaudados por el Ajuntament, la Generalitat y la Agencia Tributaria.

Cuando llega a cierta edad y tras padecer los sinsabores de una vida laboriosa decide retirarse y jubilarse en su tierra natal. En este momento José se convierte en un ciudadano de la tercera edad con especial atención por parte, una vez más, de la administración andaluza.

¿A quién le ha salido caro y quién se ha beneficiado de José? Hay cientos de miles de Josés.

Cataluña siempre ha sido tierra de acogida y un lugar abierto en todos los sentidos. La riqueza catalana no viene de ahora, sino que es el proceso de un progreso sin freno gracias a la mano de obra de los trabajadores de otras CC AA -operarios hace décadas y diplomados ahora-, y no hay que olvidar que durante siglos recibió la única inversión del gobierno central del momento (Borbones y Caudillos) que se dirigía a los puntos concretos del país que se querían activar (Barcelona, Madrid y las Vascongadas).

Sí que existe, por consiguiente, una deuda histórica por parte del gobierno central para el resto de las CC AA.

Es por ello que con la España democrática se institucionaliza la Solidaridad entre los distintos territorios. La riqueza se crea en Barcelona, y con esa riqueza hay que reajustar las zonas menos desarrolladas, sean la Lleida rural, Extremadura u Honduras, porque los motores económicos se ubican en puntos concretos de la geografía, y si no hay barreras para que fluya el capital humano cuando se necesita, tampoco lo tendría que haber para los beneficios acumulados que se tengan que redistribuir.

Cataluña también se ha beneficiado de obras faraónicas financiadas con los fondos europeos de Cohesión. Estos fondos se dan a España por el peso que tienen las CC AA menos ricas con respecto a la media comunitaria. Cataluña sola no podría nunca haber recibido estos fondos por sí misma.

Laporta quizás no cuenta lo caro que es ser un estado soberano e independiente. Hay gastos diplomáticos, militares, de seguridad, logísticos y administrativos que hacen que ser libre no sea tan bonito y barato como se creería a priori, y que ahora Madrid administra y no la Generalitat.

Laporta, amigo mío, en un supuesto de vivir en una Cataluña libre dentro de la UE, también se tendría que arrimar el hombro en aras de atajar la diferencia económica para las CC AA menos avanzadas y otras regiones europeas del Este de Europa. Ser independientes implica también seguir siendo responsables.

Y lo que DC tampoco piensa es que una independencia catalana implicaría una huída de empresas extranjeras que gestionan Iberia o España domiciliadas en la ciudad condal hacia la capital española.

Pérdidas y más pérdidas.

Las posiciones extremas son respetables, pero como extremas que son, en muchos casos pecan de infantiles e irresponsables.

Cataluña tiene que mirar hacia adelante, preocuparse por su futuro, luchar por lo que le es propio, por lo que le pertenece como pueblo y como nación, pero con un discurso democrático y realista.

Laporta, esto es como el Barça y para ganar, antes tienes que crear equipo.

El chiste de Mauricio Colmenero

Aún nos estamos riendo... Para quien no sea de España, hay que ponerlo en precedentes. Hace cinco años, el legislador aplicó una ley restrictiva hacia el tabaquismo en el país, una ley que ya era pedida y deseada por grandes sectores de la población, a golpe de remolque de otras legislaciones sanitarias occidentales que sirven de avanzadilla y con una finalidad de interés general como es la salud pública. Aprobada, todo sea dicho, por unanimidad.

En este país se fumaba y se fuma mucho. El descenso de fumadores se hace de forma pausada pero es imparable... En la actualidad sólo fuma el 25% de la población adulta, en contraposición a la mitad de la población que lo hacía hace un par de décadas.

La ley antitabaco 28/2005 prohibió en su día fumar en los puestos de trabajo, en todos los transportes y edificios públicos. La prohibición llegó a los locales públicos: bares, restaurantes, cafeterías, locales de ocio. Todos ellos lugares en los que se concentra gran cantidad de humo.

Aún así la ley permitía la posibilidad de que estos locales públicos habilitasen una zona específica y separada de fumadores si tenían cierto tamaño y dependiendo de las Comunidades Autónomas, que al fin y al cabo son las que tienen la competencia de salud en España y las que desarrollan esta ley en sus respectivos territorios.

De esta manera, algunos locales han tenido que hacer una separación física para poder tener a los fumadores separados de los no-fumadores.

Este año el ejecutivo sacará una ley aún más restrictiva y prohibirá el consumo de tabaco en todos los bares y locales. El 60% de la población ya estaba a favor de esta prohibición total, que esta vez afectará a todos por igual y que únicamente dejará fumar en prisiones, psiquiátricos y terrazas.

El chiste está en que hay hosteleros que ahora piden una indemnización por haber tenido que hacer obras en su local ya que con la nueva ley que entrará en vigor en 2011 no se hará necesaria la separación física de fumadores/no-fumadores.

Permítanme que me ría: jajaja (y en inglés también para que me entiendan fuera del país: hahaha).

Seguramente lo hacen porque papá Estado ha sido condescendiente con otros sectores en crisis, pero que la hostelería de este país se atreva a pedir semejante disparate, y no sólo por el momento que estamos viviendo, está totalmente fuera de lugar.

La ley antitabaco de 2005 no obligaba a hacer esa separación, sino que "permitía" poder seguir teniendo clientes fumadores, pero separados de los que no quieran respirar el humo. Y repito, esto dependía de las dimensiones del local y de la Comunidad Autónoma.

En fin, el empresario tendría que hacer números y todo lo demás es puro márketing. ¿Me compensa seguir teniendo clientela fumadora? No; OK. Sí; perfecto, pues manos a la obra, y siempre con el riesgo que tiene cualquier actividad económica y cualquier inversión en un negocio.

Renovarse o morir... nunca mejor dicho. El empresario ha de analizar el mercado, sabiendo de sobra -todo el mundo lo sabía- que a medio/largo plazo la prohibición total de tabaco llegaría a todos los locales, planteándose como reaccionará su público y aventurándose a reformar el local si le convenía.

En este país la hostelería es una potente área económica que factura millones y millones de euros. Las obras que en su debido momento y de forma voluntaria tuvieron que hacer algunos hosteleros se han visto amortizadas a lo largo de estos 5 últimos años.

Los negocios que no han sobrevivido, como muchas ferreterías, carnicerías o hueverías, ha sido porque la competencia se los ha comido.

Seguramente hubiese sido necesario un reajuste de precios, un cambio de imagen o algo más que una barrera que separase a la clientela por vicios.

En fin, pero a lo Mauricio Colmenero así nos va. Muchos pequeños empresarios son el ejemplo de la superación y de la lucha personal por la realización de un proyecto.

Otros son el ejemplo del anti-negocio: sin ética, sin contratos a los empleados, sin impuestos, pero con la boca bien abierta pidiendo indemnizaciones porque el Estado vela antes por los pulmones de los ciudadanos que por los bolsillos del dueño.

Desgalleguización

Es tremendamente positivo que vivamos en España, un estado multinacional y diverso. Las nacionalidades son aquellas naciones que carecen de estado propio y no son soberanas. Es un hecho que la Constitución Española reconoce. Las comunidades forales reconocen en su estatuto este concepto; hay algunos estatutos más avanzados cuyo término “nacionalidad” se llama actualmente “nación” como el catalán. Hay reformas estatutarias que actualmente ya reconocen que son realidades nacionales como Aragón y Andalucía.
Según la RAE nación es “Conjunto de personas de un mismo origen y que generalmente hablan un mismo idioma y tienen una tradición común.”
Galicia no es menos. Es una nación dentro de la unidad española, cuyo estatuto ya a los albores de los 80 reconocía la nacionalidad (es el tercer estatuto tras el vasco y catalán) y desgraciadamente no se ha llegado todavía a un consenso político para una reforma más que necesaria de esta norma, que sí que han conseguido otras CC AA vecinas.
De todas las autonomías bilingües, Galicia es la única de ellas cuya población usa más la lengua propia que la castellana (por cierto, Baleares es la segunda y Cataluña, la tercera). Aunque no es para estar tranquilos, ya que hay un proceso continuo de desgaste –como ocurre en todas las CC AA con más de un idioma- y en las zonas urbanas, que son las que crecen, la gente deja de hablar gallego.
Otra contradicción es la denominada “generación Son Goku”, formada por los primeros gallegos educados en los 80 con el gallego en la educación: son los que más leen en dicha lengua, los que más la escriben y desde luego, los que más la valoran y defienden, y sin embargo, son mayoritariamente castellanoparlantes.
Y es que la comunidad gallega está llena de contradicciones y para ello hay que diferenciar los cuatro tipos de gallegos según su orientación política y la lengua que hablan:
El gallego A hablaría gallego y sería de izquierda; llamémosles “irmandiños”. El gallego B es castellanoparlante y de izquierda: son los “progres urbanos”.
Estos gallegos (A y B) conformarían la mitad de la población, pero Galicia también se conoce por su conservadurismo: los gallegos tipo C son los “ti-de-quen-vés-sendo” (es decir, “y tú de quien eres”, que es la pregunta que hace cualquier persona mayor gallega rural al que viene de fuera), éstos son los ciudadanos que hablan gallego y que son eminentemente conservadores.
Finalmente, el gallego D son los “provincianos”, conservadores y castellanoparlantes, normalmente aburguesados de zonas urbanas que son los que muestran un mayor desprecio por todo lo relacionado con Galicia.
La Galicia progre (A+B) estuvo en el poder en el ejercicio 2005-2009 con el bipartito PSOE-BNG. En este periodo se realizaron profundas reformas laborales, agrarias o medioambientales, pero lo decisivo fue el impulso a la lengua gallega, un impulso repetimos, necesario.
La Galicia conservadora (C+D) vio una batasunización a la catalana este progreso y se dedicaron a llevarlo a pique, ganando las últimas elecciones, y comenzando una nueva política lingüística hacia el pobre castellano en minoría.
El PP desarrolló, con mayoría absoluta, una política del gallego en tiempos de Fraga muy avanzada y muy similar a la del catalán de Pujol (y mucho más avanzada que el euskera). Ahora, el nuevo PP, no sólo desarticuló las reformas que había hecho la izquierda desde 2005, sino todo el trabajo que hizo el fraguismo en los 80 y 90.
La función pública deja de promover el gallego. La lengua gallega también ha dejado de ser la lengua oficial en las instituciones. Las clases ahora defenderán el castellano, dejando a los padres la opción a la exención de asignaturas en gallego a sus pobres hijos para que no sean unos kaleborroka gallegoparlantes. Las galescolas ahora serán galiñas azuis (“gallinas azules”, ya que galescola suena a ikastola y no queremos nacionalistas molotoveros). Pasaremos de un 50% del gallego en las aulas (por ley, que muy difícilmente se estaba cumpliendo) a un mísero 30%.
El nuevo discurso del PP de Galicia es todavía más reaccionario que el del PP de Fraga de hace años. No es un discurso antinacionalista, como se ha tildado, porque es una propaganda nacionalista española, y como tal, demagógica y manipuladora.
Recuerda al “No seas ignorante: habla bien español” de Franco, cuando nuestra democracia e incluso desde Madrid, obliga a los gobiernos autonómicos el proteger y potenciar sus lenguas propias porque enriquecen nuestra diversidad y forman parte de la cultura española, de la cultura de todos.
Entristece pensar que ahora se ha oficializado una estrategia de desgalleguización en la Xunta (o Junta: disculpen señorías) pero aún queda mucho por andar y muchas revanchas que tomar.

Financiación para todos

La financiación autonómica trae tela. No a todo el mundo le gusta el resultado y mucho menos dadas las formas. Pero para que la gente no se alarme, o se alarme a gusto, habría que explicar muy bien qué ha pasado, que está pasando y qué ocurrirá, en un lenguaje claro y limpio de demagogias.
Como prueba, la verdad #1, ¿por qué las comunidades socialistas la apoyan y las populares la critican si no todas se ven beneficiadas de igual manera que en el ejercicio y el modelo anterior?
El resultado, sin embargo, es el esperado: no se ha podido dar el paso adelante hasta el desbloqueo catalán (verdad #2, el tripartito está formado por tres partidos y ninguno es el PSOE, el PSC es un partido independiente pero asociado que siempre ha marcado las distancias en este tema).
Para entender, aún así, la nueva financiación hay que pensar que ésta se divide en tres partidas:
La primera es el Fondo de Garantías de Servicios Públicos Fundamentales, llamémosle, “Servicios públicos”. Los servicios públicos representan el 80% del total de la financiación y es la piedra angular del nuevo sistema de financiación; en primer lugar por su cuantía (4/5 del total!!) y por otro por su naturaleza solidaria (este modelo es más solidario que el anterior y aquí entra el color político del Gobierno actual, esto es, verdad #3).
Los servicios públicos son los que todos entendemos sencillamente por “servicios públicos”, es decir, educación, salud, ayudas sociales… y ¿cómo se ha repartido este famoso 80% del total del dinero que irá a parar a todas las autonomías? Pues atendiendo a criterios tales como crecimiento de la población (ojito lo que ha crecido España en algunas zonas), grupos de edad de especial atención, tales como jubilados, niños de menos de cuatro años, jóvenes en edad escolar, que por cierto, hasta ahora no se tenían en cuenta. Y en términos geográficos ahora se le presta mayor atención a la superficie (pura lógica, de a más km2 que gestionar más dinero se necesita), dispersión (por favor, vean cómo es el rural gallego) y a la insularidad (¿Qué no? Vive tú en una isla y ya verás que no es todo sol).
Por lo tanto estos criterios objetivizan el reparto del fondo a servicios públicos para que cada comunidad reciba según las necesidades concretas de su población. (antes también se repartía con criterios similares, pero todo el mundo sabía que tenían que actualizarse para hacerlos más justos: verdad #4)
Este 80% para servicios públicos deviene de un 75% de impuestos cedidos a las propias comunidades autónomas y un 5% lo da el Gobierno central. Es aquí dónde es solidario (bonita idea) en que todas las comunidades financian la financiación, valga la redundancia.
Aparte de esta primera partida, hay una segunda partida que se conoce como Fondo de Suficiencia Global, o entre amigos, “Suficiencia”. La Suficiencia representa el 16,5% de toda la financiación y no es tan solidaria como la pintan (verdad #5) aunque no por ello menos justo… Aquí cada uno barre para casa. Si los servicios públicos son para “personas” que viven en Comunidades Autónomas, la suficiencia es para las Comunidades. Este dinero es para aquellas que tienen más competencias transferidas y que por lo tanto necesitan más fondos para llevar a cabo su trabajo. Vendría a ser metafóricamente el dinero que le dan los padres al hijo que quiere irse de casa a una edad temprana, que es mucho más que el que reciben el resto de hermanos que no han salido del seno familiar.
Para rizar el rizo hay una tercera partida que se llama Fondo de Convergencia Autonómica, tan sólo sería el 3,5% restante del total de la financiación y vendría a ser el dinero necesario para rellenar el fondo de cooperación y de competitividad entre las Comunidades. Y siguiendo con metáforas es igual que cuando un comensal entre amigos rellana con una jarra los vasos y decide soltar el último chorro al que cree que ha recibido menos (unas cuantas gotas que limpian nuestra conciencia).
Este ínfimo 3,5% de la tercera partida de Convergencia premia a las Comunidades con una menor renta per cápita (ahí la cooperación) y a aquellas otras que tienen una menor financiación per cápita (y aquí la competitividad). A lo que íbamos, acabar de rellenar la jarra o la botella entre los amigos.
El Gobierno central de las tres partidas nos quiere vender la primera y la tercera, ya que son las partidas más utópicas, sociales o solidarias. La segunda es más pragmática o utilitarista, no por ello menos necesaria y apenas hablarán de ella desde el Gobierno (verdad #6).
Ahora hay gustos para todos y habrá gente que crea que Cataluña no se merece tanto dinero cuando al fin y al cabo, tiene un gran número de habitantes y la Generalitat tiene más competencias costosas que otras comunidades. Habrá gente que se queje de que Murcia no reciba tanto, cuando ha sido una de las comunidades que creció también más, pero no sólo en población, sino económicamente, y su población es más urbana, concentrada y tiene menos competencias. Otros no entenderán que Asturias recibe más dinero per cápita Madrid, pero es una comunidad envejecida y con población dispersa. Que Baleares sean unas islas, pero ricas. Que Extremadura necesite fondos y Valencia no tantos… Así todas.
¿Todas? No, ya que Navarra y el País Vasco son comunidades forales excluidas de la financiación general y cuentan con un sistema propio, basado en el concierto. Esto sí que es el punto injusto que desgraciadamente no entra en el debate porque “siempre ha sido así”. Tururú: es ilógico, reaccionario, insolidario, ineficiente y antidemocrático que por motivos de derechos reales históricos, las dos comunidades más ricas del país estén ajenas al sistema de financiación del resto del Estado (verdad #7).