Ha llamado al cero cero patatero

Cuando el barco está en peligro el capitán pide a la tripulación que arrimen el hombro y tiren por la borda los lastres que pueden llevar a la embarcación al hundimiento.
Las empresas también han de sortear las crisis con medidas ahorrativas extremas que en muchos casos llevan implícitos recortes de costes laborales, entre otros. Estos recortes son impopulares y odiados por todo el mundo. Los dichosos EREs o expedientes de regulación de empleo que tanto afectan a grandes empresas, donde un ERE puede implicar la pérdida de miles de puestos de trabajos de la noche a la mañana.
Es una contracción brusca, pero necesaria, reconozcámoslo, para la supervivencia de la empresa. Por este mismo principio lógico de contracción y ahorro, el Estado y la Administración Pública también están sujetos a recortes de salarios y al cese de algunos puestos de trabajos directos e indirectos, pero todo ello en aras de la supervivencia de toda la organización.
Es, como decimos impopular, pero lógico y legítimo. Algo muy distinto es lo que ahora quiere llevar a cabo Telefónica, la multinacional española de telecomunicaciones líder todavía indiscutible, presente en diversos países y con una plantilla en España de más de 28.000 empleados, ha anunciado que recortará en los próximos tres años a un 20% de su plantilla (nótese que colocamos la preposición “a”), todo ello ante su comité de accionistas de los que dependen los fondos del gigante de la telefonía.
En realidad habría que matizar que dependen de estos accionistas, pero también de los propios trabajadores. Nadie como ellos – como estos últimos- conoce la firma, el método, los servicios y productos. Una empresa de telecomunicaciones ha de ser innovadora: eso es una obviedad, pero esta innovación pasa desde luego por la formación constante de los trabajadores para adecuar su mano de obra a las necesidades de los consumidores y clientes.
De nada sirve echar a la calle a los 5.600 trabajadores sobrantes si a corto plazo hay que contratar a nuevos trabajadores y seguir formándolos. Un gasto innecesario que la directiva de la empresa ha obviado.
Quizás sea una demagogia para apaciguar las inquietudes capitalistas del accionariado, como hace nuestro Presidente del Gobierno con los mercados, pero está claro el planning marcado y no es de muy buen ver.
En 2003 cada acción de Telefónica era pagada a 0,25€ y este año asciende a 1,75€, cantidad que esperan mantener los próximos años, pero eso sí, a costa de los recortes laborales.
Este año los beneficios de la empresa fueron máximos a pesar de la crisis: 10.000 millones de euros. Si bien la deuda de la empresa sigue estando por las nubes y el accionariado se compone prácticamente por medianos capitalistas, sigue siendo la peor de las medidas impopulares que se pueden haber tomado.
Telefónica es inmensamente rentable y tiene otra deuda no tangible con la sociedad española que la diferencia del resto de la competencia. Era una empresa estatal de comunicaciones y sus orígenes –difíciles, costosos y asfixiantes para el resto de los mortales- en su caso fueron promovidos por el capital público década tras década. Impuestos de contribuyentes que aún aguardan la rentabilidad social de este servicio público privatizado.
Salen con ventaja y se abanderan de ser la empresa que más invierten en I+D+i de todo el IBEX35. Una especie de marca nacional “i-beric” que no son capaces de hacer un guiño al país que la vio nacer o al país que la creó, de hecho.
Estos 5.600 trabajadores no van a hacer que el paro aumente mucho más o su mantenimiento hará que se reduzca. Es una cifra ridícula en comparación a lo que aporta esta firma al PIB nacional, pero lo que más hay que lamentar es la falta de solidaridad.
Algunos directivos la han criticado como una medida antipatriótica para España. No es cuestión de volvernos defensores de nuestros colores nacionales ni mucho menos, pero habría que recordarles a nuestros amigos de Telefónica que tienen una responsabilidad triple, hacia sus accionistas, hacia sus empleados y hacia la sociedad general.
En tiempos de crisis hemos de apretarnos el cinturón todos y todas, o por lo menos saber comunicarlo para dejar de ser la empresa de telefonía más odiada por los clientes por enésima vez consecutiva.

A Dios rogando y con el mazo dando

Si el estimado lector es un acérrimo defensor de la vieja izquierda, mejor no siga leyendo.
Vivimos ante una situación desequilibrada de exigencias y derechos, en lo que se refiere a la política sindical y sus reivindicaciones. Para ser más exactos, estamos atravesando un amargo momento para la lucha obrera y sus reivindicaciones, y los actores responsables de movilizar al antiguo proletariado no son capaces de incentivar un cambio, llegar a ningún acuerdo, legitimar sus actos, ni mejorar, en definitiva el derecho del trabajador.
Un claro ejemplo es la huelga y en lo que se ha convertido este acto. Hay que llamarla con su nombre: es sólo un acto. La disfrazan de derecho, pero es un acto, para algunos social y para otros de chantaje. Ha sido una gran conquista en la historia democrática de nuestro país. El hecho de que en su día se viese plasmada en la Constitución implicó la apertura de la España social y sindical, necesaria y en auge en su día.
Sin embargo, la huelga utópica de 1978 ha degenerado tres décadas después en ese acto ignominioso que nadie en este país se atreve a poner en duda.
La finalidad de la huelga es la paralización de la actividad productiva en aras del cumplimiento de una reivindicación, mejora o queja del trabajador. El primer fallo es que hay reivindicaciones del comité de empresa que no tienen por qué ser secundadas por toda la plantilla.
Más allá de este pequeño fallo, que se resuelve como tiene que ser, votando, hay otro gran error en el que se han convertido las huelgas: La presión se hace contra el Gobierno nunca contra el empresario.
Una ciudadanía inconformista es bueno para todos. Una élite obrera inconformista no sólo es malo, sino que es demagógico. Hablamos de élite ya que incluso dentro de la clase trabajadora hay unos pocos que deciden por muchos, y es más, hay reivindicaciones que vienen de la capital y que todos acallan como propias sin pensar en las consecuencias.
Volvamos a la huelga contra el Gobierno y la Administración. Aquí estamos ante un acto egoísta y vandálico.
Huelga de recogedores de basura y el ciudadano queda puteado con la peste de las ciudades sin tener ninguna culpa. Huelga de los controladores aéreos y el pasajero queda tirado sin tener ninguna culpa. Huelga de conductores de trenes y el viajero queda hacinado sin poder ir a trabajar y sin tener ninguna culpa.
Hay que fastidiarse que hubiese sido Esperanza Aguirre la única que se atreviese a recordar que este derecho a huelga ha de ser regulado por ley orgánica para evitar la paralización como ocurrió en Madrid con la huelga del Metro. Las fuerzas del orden público, los servicios médicos-urgencias, y los servicios de transporte con toda su estructura han de estar siempre operativos. Lo pagamos todos y tienen una responsabilidad mayor con la sociedad.
Sí, la huelga, aparte de ser únicamente una herramienta para hacer un chantaje al Gobierno, trae consecuencias negativas que a la larga repercuten en otros trabajadores.
Un ejemplo: una huelga de Cercanías, un trabajador no pude ir a abrir una tienda y se pierde media jornada de trabajo. Es una cadena que da empleo a más de 100 personas y ese mes por esa huelga, la empresa ajena al conflicto laboral de los trenes pierde un 2% de facturación. La empresa haciendo números ve conveniente, con los tiempos difíciles que corren, reducir su plantilla en 2 personas como medida de reajuste.
Todas las huelgas, en el momento en que influyen en otros sectores económicos, en otros trabajadores y en otros ciudadanos anónimos, se convierten en actos delictivos.
Todas las huelgas que tienen como finalidad la reducción de la productividad tienen como primera víctima al propio trabajador.
Todas las huelgas que se han hecho hasta ahora no han recogido ningún fruto, salvo el menosprecio y alejamiento de la clase sindical e incluso de la función pública del ciudadano. Los frutos se recogen en la mesa de negociación y sí, hay muchas más medidas de presión que una huelga en la que los piquetes, esos grandes hooligans bolcheviques, acaben haciendo de las suyas. Patético y retrógrado.
No, no me representan, pero por favor, que no nos puteen más, que ya tenemos bastante con levantarnos cada mañana con un 20% de paro.

Por qué deberías cobrar más

Deberías cobrar más por muchos motivos. El primero de todo es porque te lo mereces como profesional. La mayoría de los puestos de trabajo de este país están sub-pagados porque hay un desequilibrio de la oferta y la demanda en la mano de obra.
Deberías cobrar más porque es un derecho. Todos los actores sociales –gobierno, sindicatos y patronal- tienen la obligación moral de satisfacer las necesidades básicas de cada individuo, de cada trabajador.
La Constitución, el Estatuto de los Trabajadores y la Declaración universal de los Derechos del Hombre ratifican que todos tenemos derecho a trabajar y a recibir un salario justo.
Deberías cobrar más porque trabajas más. Hay un coste de tiempo, esfuerzo y rendimiento que no se ve reflejado en la mayoría de los empleos. Una persona desde que sale de casa hasta que llega al trabajo invierte su tiempo gratuitamente hacia el proyecto empresarial de su jefe. El transporte tiene un coste no asumido así como también la dichosa plusvalía, es decir, el tiempo trabajado en horas extra que no se computa en el salario.
Plusvalía es 5 minutos trabajados cada día sin recibir nada a cambio. Es un aumento de la producción a coste 0 (patatero) para el empresario. 5 minutos trabajados gratis cada día es una plusvalía de 3 días al final del año para el jefe.
Deberías cobrar más porque la economía nacional se reactiva. Un empleado con más salario es un consumidor con más poder adquisitivo. Un consumidor con más capacidad de compra es mayor facturación para la empresa. Mayor facturación es expansión y, cerrando el ciclo, es más salario.
Deberías cobrar más porque así el Estado recauda más y los servicios sociales mejoran. El más justo de los impuestos es el impuesto a la renta, que grava las rentas más altas. A mayores rentas, mayores ingresos para fines sociales.
Deberías cobrar más para aliviar la presión fiscal hacia las empresas. Si no es por activa es por pasiva. Si la población no tiene suficientes recursos el estado ha de aumentar los impuestos a las empresas y la actividad empresarial se ve ahogada.
Deberías cobrar más porque las empresas ganan más. La mayoría de las empresas tienen ganancias que se convierten en dividendos hacia la élite de la corporación y no en salarios para la fuerza de trabajo. Es un fallo de la filosofía empresarial de este país que nunca implica al trabajador en el proyecto de la compañía.
Deberías cobrar más porque nos tenemos que igualar al nivel europeo en todos los sentidos, incluida nuestra capacidad adquisitiva.
Deberías cobrar más porque eres capital humano y no coste laboral. Vales mucho. Tienes una formación y una experiencia que aporta un know-how a la empresa único. Este capital humano tiene un coste para el directivo de la empresa. Eso es lógico y nadie lo duda, pero es primero el valor que aporta ese trabajador (el beneficio) y luego viene el coste.
Deberías cobrar más porque los números no cuadran. En este país sólo trabaja el 80% de la fuerza de trabajo, pero seguimos estando en el top 10 mundial de PIB y la riqueza del país sigue siendo una de las más altas, ¿dónde está?
Deberías cobrar más porque los números sí que cuadran. Si trabajas 8 horas al día y multiplicas tu salario x 3 te das cuenta que tú, que tu vida y que tu tiempo vale mucho más.
Puede parecer simplista y demagógico. Puede parecer una visión parcial del mercado laboral… pero no nos engañemos. Algo falla a la hora de calcular el valor del trabajo en este país.

Así, tampoco

Pues menudo panorama... El 29-S, huelga general.
La huelga jurídicamente es un derecho reconocido en nuestra Constitución que, como todos sabemos, aún está pendiente de ser desarrollado en Ley Orgánica desde 1977. Es decir, es un derecho legítimo y una laguna en el tintero del legislador.
La huelga políticamente es una conquista de la izquierda de este país. Muchos sindicalistas, revolucionarios e intelectuales dieron su vida para que ahora disfrutemos de este derecho.
Sin embargo, económicamente la huelga siempre ha sido una contingencia, una incidencia no deseada en el fondo por ninguna de las partes, ni por el trabajador, ni por la patronal, ni por los gobernantes. Un día de huelga en un salario medio español equivale a un 4,5% menos al final de mes en su nómina. "No trabajas, no cobras".
Es exactamente la misma cantidad que el Gobierno quiere reducir al personal que trabaja en la Administación, y como duele, se protesta, y con razón. Qué paradoja, ¿verdad?
Estamos en crisis y una huelga general en todo el territorio nacional no ayuda en nada a que la economía se recupere. Por lo tanto, es vista como un mal menor. Un mal menor: sería igual, en caso de ser secundada por la totalidad de la población activa, a una reducción del 0,27% del PIB nacional. Pérdida de miles de millones de euros, pero de eso tampoco se habla... y por eso al tejido empresarial no le gusta bajar la verja un día laborable.
No estamos acostumbrados a una huelga general ya que ésta es la séptima en 35 años, y esto lo convierte en un fenómenos aislado.
Pero sí que estamos acostumbrados a otro tipo de huelgas: transportistas, basureros, controladores aéreos, de transporte público, etc. Es decir, aquellas huelgas en las que el patrón y el gobierno suelen ser la misma persona y el afectado, no es el empresario sino el ciudadano.
Nos cancelan vuelos, se llenan los barrios de basura pestilente, nos quedamos sin metro, nos cortan las calles, y nos hacen la vida imposible para que nos enfademos... y no nos enfadamos con el causante (teóricamente, con la Administración), sino con los huelguistas. Es por consiguiente, más que una huelga, un chantaje público cuyas víctimas somos todos.
Esta huelga no es como éstas, esta huelga es "general". La convocan los sindicatos porque el Gobierno ha tomado una serie de medidas en materia laboral y fiscal para que el país salga de la crisis (versión oficial).
¿Qué no se dice?
1.- La política que llevaba a cabo el Gobierno Zapatero era una política intervencionista y keynesiana, mediante la cual con inyección de dinero público se intentaba fomentar el desarrollo económico de todos los sectores. Muy de izquierdas y lamentablemente, a corto plazo, deficitaria.

2.- Desde la izquierda el intervencionismo es necesario y se piensa que a medio plazo habrá de nuevo equilibrio presupuestario. Desde la derecha se vende el tijeretazo. La derecha gobierna en Europa (nos guste o no) y se "animó" a que curiosamente los gobiernos más deficitarios-izquierdistas hiciesen los recortes oportunos, entre ellos, España.
3.- La decisión del recorte no afecta únicamente a España sino a la mayoría de los países europeos, con independencia de su color político. Zapatero no tiene margen de maniobra ya que estaba en minoría en el Ecofin.
4.- Las cuentas nacionales hoy en día "dependen" de la deuda soberana. Con lo recuadado mediante impuestos no se haría ni la mitad de lo que el Estado gasta en servicios, personal, inversión. El sistema obliga a que emitamos deuda y que los mercados la compren. Si no hay confianza, nadie la compra, si nadie la compra, la deuda crece en intereses y nos ahogamos llegando a la bancarrota.
5.- Los sindicatos saben de sobra cuál es el papel que España juega en Europa y cómo se financia el Estado. Mucho dinero en ayudas, subvenciones y servicios sociales que viene directamente de Wall Street. La imagen de España por lo tanto también se puja en Bolsa.
Los sindicatos son, muy tristemente, un lobby más. Han perdido el papel fundamental que tenían en la sociedad, y su discurso gris ya no llega al pueblo.

¿Garantes de la clase trabajadora? Ellos también se callaron ante la burbuja inmobiliaria, pero como daba millones de puestos de trabajo, para qué protestar, trabajo es lo que se quería, ¿no? Ahora con un 20% de paro nos preguntamos qué ha sido del poder sindical.
Protestar por la crisis es estúpido en la medida en que nadie la desea, y también en la medida que todo el mundo es responsable. Con la bonanza económica partidos de todas las tendencias, empresarios y sindicatos, trabajadores y consumidores, callaron/callamos como putas y ahora la crisis global-mundial-planetaria nos afecta (lógicamente) mucho más.
¿Por qué no hubo una huelga general en mayo cuando el Gobierno estaba lidiando en Bruselas los recortes que se imponían a países de la periferia como España? Esperar a que se aprueben las reformas en el Congreso, a que pase el verano y a que llegue septiembre (casi octubre, señores) es llegar tarde. Muy tarde.
Convocar una huelga general es normal para UGT y CC OO. Son sindicatos, es su rol. Su rol tradicional, como en los 70s. Pero es que ahora no somos proletarios explotados. No vivimos aislados del mundo. Nuestro país ya no es soberano económicamente.
La única respuesta útil hubiese sido una huelga general europea y previa a los recortes, cuando la presión hubiese podido dar algún fruto. Ahora son 100 euros menos en nómina a los que la secunden y un subidón de adrenalina para los piquetes camorristas de turno.
Amigos sindicatos de UGT y CC OO, con todo el cariño del mundo: Decís que "Así, no", pero vosotros "Así, tampoco".

Hasta los 67 y más allá

Clases de ciencia.
Ejemplo 1: Bañera con el agua corriendo no se llena. Se pone un tapón y se llena hasta desbordar.
Ejemplo 2: Frutero con una docena de manzanas, cada día como dos y repongo una. El frutero se quedará vacío.
Ejemplo 3: La esperanza de vida se alarga por los avances médicos y sociales, la población se envejece porque duramos más, pero los nacimientos se reducen. El sistema de pensiones se desequilibra porque hay un trabajador por cada dos jubilados.
España está en la cabeza de los países envejecidos, y de hecho, podríamos empezar a padecer un crecimiento negativo si no fuese por la población inmigrante recién llegada la última década.
Es tan sencillo como un problema de 3º de Primaria. La esperanza de vida se ha alargado estrepitosamente en el mundo, mucho más en los países más avanzados. Ello es debido a todas las mejoras que hemos visto a lo largo del S XX, en todos los terrenos, tanto laboral, alimentario, educacional, científico, social, etc. De hecho, con 80,9 años somos el 5º país del mundo más longevo y el 1º de toda la UE.
El problema es que con una tasa de fertilidad de 1,31 hijos por mujer, no conseguimos llegar a la renovación generacional y el crecimiento vegetativo incluso acabará siendo negativo.
En definitiva, nuestro bienestar que incentiva vivir hasta la eternidad y no tener hijos, económicamente es insostenible. En las próximas décadas se podrá llegar a tener más población jubilada que activa, lo cual es directamente inviable en un sistema social de pensiones.
Para rizar el rizo y agravar la situación, sólo hay que echar un vistazo a la población activa desempleada y a la edad en que los jóvenes de este país acceden a su primer empleo, o dada la economía sumergida y para especificar, a la edad en que éstos comienzan a cotizar, que en definitiva es de lo estamos hablando.
No, no salen las cuentas. Comparando el país en 2010 y 1985 vemos las diferencias, que aunque parezca que fue ayer, créanme, no lo es en absoluto.
En 1985 vivíamos hasta los 73, jubilándonos a los 65 y comenzando a trabajar a los 18. Ergo, 47 años trabajados para el disfrute de 8 años en Torremolinos.
En cambio en 2010 viviremos hasta los 80 (suma y sigue porque cada vez es más común ser centagenario), incorporándonos al mercado laboral a la media de 25 años. Jubilándonos como hasta ahora, habremos cotizado sólo 40 años para el disfrute mínimo de 15 años o más.
Esto es cotizar –y recaudar- un 14% menos que 1985, para el disfrute del doble de años que viven ahora los pensionistas en su período de jubilación y que en las próximas décadas seguirá en riguroso aumento.
Pues lo dicho, las cuentas no salen, y lo peor de todo ha sido la respuesta ciudadana y sindical para un problema que el gobierno prevé a varios años vista. Para una vez que el Ejecutivo toma una decisión para el largo plazo, sale nuestro instinto egoísta e irracional y el “no me gusta trabajar” para protestar con un “hasta los 67 que trabaje tu (pitido) (pitido)”.
Incluso con esta medida el sistema de pensiones sigue peligrando y no todo el mundo tiene un plan de pensiones privado, ya que como trabajadores se nos debe garantizar este beneficio al tener una cotización obligatoria y pública en la Seguridad Social.
En Alemania la jubilación ya es a los 67, en los EE UU a los 66 y en el resto de los países occidentales a los 65, salvo en Francia donde es a los 60.
En España la vamos a tener que subir dos años (hasta los 67) y en la república francesa también, es decir, dos años hasta los 62.
Cuando se nos toca el bolsillo salimos a la calle, siendo 2 millones de personas las que se manifestaron contra esta medida en París, y siendo sólo un par de decenas de miles que protestaron contra las expulsiones masivas de romaníes por parte del gobierno galo una semana antes.
Si esto es la única movilización que pueden convocar las organizaciones sindicales, sociales y de color progre, paren el tren, que yo me bajo.

Estiércol

Los brotes verdes han llegado a la economía internacional, pero no a todas las partes del mundo.
Si alguien ve una imagen del meteosat y ojea cómo es Europa, verá que nuestro país es naranja. En términos económicos y sin salir de Europa no se aleja mucho de la instantánea de un satélite y así podemos afirmar que no: No tenemos brotes verdes.
Lo bueno es que Europa tirará de nuestra economía. Lo malo es que somos los segundones.
En España la crisis ha sido doble (algo parecido a lo que ha ocurrido en los EE UU y en Gran Bretaña), y no como en otros países del mundo en que se dio una contracción económica y un cataclismo financiero, del que, ahora sí, el mundo se está despertando. El caso español es distinto, ya que aquí la burbuja inmobiliaria explotó.
Más que una burbuja es una supernova inmobiliaria que destruyó más de un millón de empleos directos, pero también indirectos.
Si a eso le sumamos que España ya tenía un paro estructural y que cada vez que bajábamos de un 10% de tasa de desempleo echábamos cohetes, las consecuencias de esta crisis doble inmobiliario-financiera son incluso más leoninas para nuestro mercado laboral.
Esta semana la tasa de desempleo ha descendido ligeramente (14.000 personas menos), pero no es porque se hayan creado más puestos de trabajo sino porque más gente ha arrojado la toalla en esta encarnada lucha contra la crisis.
El paro juvenil no ha bajado, sencillamente los jóvenes deciden continuar formándose o estudiando mientras que la crisis no finaliza.
El paro de los inmigrantes tampoco desciende. Únicamente huyen de España (es la primera vez en esta década que la población inmigrante desciende en este país).
Cada vez hay menos gente que busca trabajo y los que lo encuentran tienen que aguantar la explotación (sí: es explotación) del trabajo precario, temporal, que muchas veces se traduce en subempleo y en otras en pluriempleo.
¿Cómo va a mejorar la economía de este país si no amortizamos el dinero de la educación de los jóvenes ya que acaban realizando trabajos inferiores a su formación? ¿Cómo vamos a conciliar la vida social y laboral si hay gente que, para sobrevivir, tiene que pasar por una ETT e ir aceptando distintos oficios para trabajar a deshora y en empresas distintas?
Esta situación es un paso atrás en la evolución del progreso de este país. Bajos ingresos o falta de ingresos es no consumo. No consumo es menos facturación para las empresas. Y así entramos en un círculo sin fin del que aún no hemos salido.
Quizás quede mucho más tiempo del esperado para salir de esta crisis. Quizás tengamos que esperar una generación. Quizás (y muy malthusianamente) tendremos que aprender de esta debacle para reorientar el mercado laboral, pero mientras tanto lo que nos toca es apechugar con todas las consecuencias.
La patronal pide flexibilidad, que no es otra cosa, sino el eufemismo de buscar ahorro de costes laborales para así poder despedir de una forma más rápida y más barata a los empleados que les “sobran”. En fin, lo que hay que buscar es el bien común, para el empresario y para el trabajador; y no el interés privado y parcial de tirar por la borda los lastres antes de que el barco se hunda.
El trabajador no es un lastre porque el trabajo es el valor añadido esencial del producto o servicio que nos venden las empresas.
Quizás no podamos salir de la crisis actual y de los problemas estructurales del empleo español hasta que nos demos cuenta que el trabajo no es un coste sino un capital. No es una cuestión de contabilidad empresarial, es un problema de filosofía empresarial.
Aquí fallan todos. Y que no nos mientan: No hay brotes verdes todavía, aún estamos removiendo la tierra. Nos queda elegir qué plantar.

Cazadores

Es una pena que las fuerzas del orden público no puedan disfrutar de todos los privilegios (léase derechos) del resto de la sociedad civil.
Son trabajadores y ciudadanos también y no tienen el derecho de objeción de conciencia a la hora de aplicar leyes, órdenes y tareas en contra de su propia ética, o mejor dicho, su propia moral.
No me quiero imaginar a un policía corriente que un día se planta a trabajar y le ordenan irse a la estación X de la red de metro de Madrid, vestido de paisano para arrestar a aquellas personas “indocumentadas”. Con alevosía, tener que pedirles a los viajeros con rasgos latinos y negros, que están saliendo del andén sus papeles.
No me quiero imaginar tampoco la cara de los propios policías cuando uno de esos currantes no nacionales, no pudiese enseñar ningún documento y tuviesen que obligarlos a subirse al furgón.
Doy por hecho que en estas redadas públicas la empatía vence a la razón y no se dignarían (atreverían) a pedir identificación a madres con niños, gente mayor, adolescentes, gente de otras razas con la expresión extremadamente triste.
Y lo peor es que también doy por hecho que nuestras fuerzas de seguridad actuales y muy constitucionales no están formadas por personajes de talentoso racismo franquista, sino por hombres y mujeres corrientes y demócratas. ¿Este cuerpo no tendría derecho de negarse a hacer una tarea tan fascista como pedir la documentación de los sin papales en plena calle sin esperar agravios laborales ni sanciones?
Aplicar la ley. Esa es su labor. Aplicar la ley sea buena o mala. Busque el bien común o el bien parcialmente común.
La ley de extranjería, de control de fronteras y de limpieza interna de ciudadanía que actualmente está limando el gobierno es un paso atrás al propio desarrollo humano.
¿Y la ética de los diputados progres del parlamento que, siguiendo planteamientos del propio partido, que a su vez sigue planteamientos de las instituciones europeas, que a su vez es el reflejo de la extrema derecha del Viejo Continente, no se podría sopesar y no negarle la voz? Esta nueva ley de extranjería es puramente fascista como cualquier ley de extranjería que en vez versar sobre el derecho civil, gira en torno al derecho penal.
Una ley que aumenta el plazo de internamiento para los sin papales que tienen que estar en calabozos mientras se decide a qué país echarlos de 40 a 60 días.
Una ley que prohíbe el reagrupamiento a familiares ascendientes mayores de 65 años.
Una ley que se basa en la presunción de culpabilidad.
Una ley que habla de tiempo de residencia para dar derechos sociales en goteo a las personas legales diferenciando extranjero legal nuevo y extranjero legal veterano.
Una ley que aplica la indefensión ante el juez del extranjero que es expulsado sin tener derecho a abogado.
Una ley que marca como sanción grave al español que sustente económicamente a un ilegal.
En definitiva, una ley que no mejora en nada la situación de todos los trabajadores no nacionales que vienen a este país a emplearse, a ganarse la vida de un modo legal, y que tienen que superar todas las trabas y contingencias administrativas de una ley cuya finalidad y origen son, una vez más, fascistas.
No sé cuándo hemos perdido el norte. No sé si es un error del sistema democrático y una paradoja para la (que tanto presume) sociedad abierta española, que salga adelante esta ley de la que tan poco se habla… pero hablando, ahora sí, de individuos, debemos pensar que en la estación de Embajadores de Madrid, cuando Miguel el policía arrestaba a Hernaldo el ecuatoriano, únicamente cumplía órdenes superiores. El crimen de Hernaldo sencillamente era que se había quedado sin trabajo y nunca tuvo contrato.
Lo siento, me recuerda demasiado a la Gestapo.