Cazadores

Es una pena que las fuerzas del orden público no puedan disfrutar de todos los privilegios (léase derechos) del resto de la sociedad civil.
Son trabajadores y ciudadanos también y no tienen el derecho de objeción de conciencia a la hora de aplicar leyes, órdenes y tareas en contra de su propia ética, o mejor dicho, su propia moral.
No me quiero imaginar a un policía corriente que un día se planta a trabajar y le ordenan irse a la estación X de la red de metro de Madrid, vestido de paisano para arrestar a aquellas personas “indocumentadas”. Con alevosía, tener que pedirles a los viajeros con rasgos latinos y negros, que están saliendo del andén sus papeles.
No me quiero imaginar tampoco la cara de los propios policías cuando uno de esos currantes no nacionales, no pudiese enseñar ningún documento y tuviesen que obligarlos a subirse al furgón.
Doy por hecho que en estas redadas públicas la empatía vence a la razón y no se dignarían (atreverían) a pedir identificación a madres con niños, gente mayor, adolescentes, gente de otras razas con la expresión extremadamente triste.
Y lo peor es que también doy por hecho que nuestras fuerzas de seguridad actuales y muy constitucionales no están formadas por personajes de talentoso racismo franquista, sino por hombres y mujeres corrientes y demócratas. ¿Este cuerpo no tendría derecho de negarse a hacer una tarea tan fascista como pedir la documentación de los sin papales en plena calle sin esperar agravios laborales ni sanciones?
Aplicar la ley. Esa es su labor. Aplicar la ley sea buena o mala. Busque el bien común o el bien parcialmente común.
La ley de extranjería, de control de fronteras y de limpieza interna de ciudadanía que actualmente está limando el gobierno es un paso atrás al propio desarrollo humano.
¿Y la ética de los diputados progres del parlamento que, siguiendo planteamientos del propio partido, que a su vez sigue planteamientos de las instituciones europeas, que a su vez es el reflejo de la extrema derecha del Viejo Continente, no se podría sopesar y no negarle la voz? Esta nueva ley de extranjería es puramente fascista como cualquier ley de extranjería que en vez versar sobre el derecho civil, gira en torno al derecho penal.
Una ley que aumenta el plazo de internamiento para los sin papales que tienen que estar en calabozos mientras se decide a qué país echarlos de 40 a 60 días.
Una ley que prohíbe el reagrupamiento a familiares ascendientes mayores de 65 años.
Una ley que se basa en la presunción de culpabilidad.
Una ley que habla de tiempo de residencia para dar derechos sociales en goteo a las personas legales diferenciando extranjero legal nuevo y extranjero legal veterano.
Una ley que aplica la indefensión ante el juez del extranjero que es expulsado sin tener derecho a abogado.
Una ley que marca como sanción grave al español que sustente económicamente a un ilegal.
En definitiva, una ley que no mejora en nada la situación de todos los trabajadores no nacionales que vienen a este país a emplearse, a ganarse la vida de un modo legal, y que tienen que superar todas las trabas y contingencias administrativas de una ley cuya finalidad y origen son, una vez más, fascistas.
No sé cuándo hemos perdido el norte. No sé si es un error del sistema democrático y una paradoja para la (que tanto presume) sociedad abierta española, que salga adelante esta ley de la que tan poco se habla… pero hablando, ahora sí, de individuos, debemos pensar que en la estación de Embajadores de Madrid, cuando Miguel el policía arrestaba a Hernaldo el ecuatoriano, únicamente cumplía órdenes superiores. El crimen de Hernaldo sencillamente era que se había quedado sin trabajo y nunca tuvo contrato.
Lo siento, me recuerda demasiado a la Gestapo.